Marzo 2026
Responsabilidad Penal Corporativa en Venezuela
Por: Dr. Cándido Ramírez
Socio Fundador & Director de Cándido Ramírez & Asesores Jurídicos
En el entorno corporativo actual, la seguridad de una organización ya no se mide únicamente por su solvencia financiera o su cuota de mercado. Hoy, la visión estratégica de la alta dirección se define por su capacidad para prever un riesgo de consecuencias críticas y a menudo invisibles: la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ).
A lo largo de una trayectoria como referentes en la práctica legal en Venezuela, en Cándido Ramírez & Asesores Jurídicos hemos observado cómo la evolución del marco regulatorio ha desplazado el foco de la sanción. Ya no se trata solo de la responsabilidad individual; hoy, la empresa misma es sujeto de imputación penal por los actos u omisiones cometidos por sus empleados, representantes, administradores y mandatarios en el ejercicio de sus funciones, inclusive obrando de manera imprudente, negligente o torpe, sin haber tomado parte del delito cometido por la persona jurídica, serán objeto de pena privativa de la libertad.
El Riesgo Invisible
Muchas juntas directivas operan bajo la falsa premisa de que la probidad personal de sus líderes protege a la institución. Sin embargo, bajo el ordenamiento jurídico venezolano —y tal como lo muestran los Índices de Transparencia Internacional—, una gestión deficiente del Gobierno Corporativo permite que delitos cometidos por terceros vinculados a la organización se trasladen directamente a la entidad.
Un error procedimental en una línea operativa, o una conducta indebida de un agente externo, pueden activar un procedimiento judicial, independientemente de si la directiva tenía conocimiento directo del hecho o no. La responsabilidad penal de directivos por omisión al deber de vigilancia surge cuando, por no implementar controles internos o supervisar actividades, permiten que subordinados cometan delitos en nombre o beneficio de la empresa.